El saqueo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, no terminó en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios, ya que de los mil 900 millones de pesos del erario público asignados por esas secretarías, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.