Así, la dirigencia estatal perredista habría manejado alrededor de un millón 200 mil pesos mensuales, es decir, un poco más de 14 millones de pesos anuales, cifra que ésta legalmente prohibida para un partido político, puesto que la ley establece que ningún organismo político puede tener financiamiento privado que rebase los 6 millones de pesos al año.