La presión de la izquierda y la necesidad de más tiempo para analizar el caso llevó al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) a diferir la votación del dictamen de gastos de campaña presidencial que, entre otras cosas, propone multar a la coalición Movimiento Progresista por haber rebasado el tope de gastos en más de 62 millones de pesos.