Óscar lleva meses sin conseguir un nuevo empleo y está convencido de que se debe a que su nombre fue incluido en algún buró laboral, un índice que alerta a los empleadores si en el historial de los candidatos existen demandas laborales contra sus expatrones. Mary está en proceso de contratación y, aunque un abogado concilió para evitar un juicio contra su expatrón, tiene miedo de estar boletinada. Pedro quiere saber cómo ejercer su derecho a la protección de datos personales frente a los responsables de estas listas negras. Estas son las inquietudes de algunos lectores —de quienes cambié sus nombres reales— que me han escrito sobre el llamado buró laboral, una base de datos ilegal que indexa información pública de las autoridades de conciliación y arbitraje laboral (juntas y tribunales locales y federales) y que permite a los empleadores conocer el “historial jurídico” de los candidatos a ocupar una vacante. Aquí van mis respuestas.