Los abogados de las víctimas acusan a la fiscalía mexicana de “no cuidar” los procesos judiciales contra los presuntos autores de la desaparición de los 43 estudiantes. A casi cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México, el proceso judicial avanza lentamente en los juzgados, partido en pedazos, entre presiones políticas, acusaciones y golpes de timón. En un hecho inédito estos años, un juez ha desestimado este lunes los cargos contra dos de los presuntos implicados en lo sucedido. También ha rechazado el caso de la fiscalía contra un expolicía de Iguala, además de la acusación contra un presunto integrante de Guerreros Unidos, la banda criminal sospechosa de organizar la cacería de los 43 en septiembre de 2014.