Detrás de toda política pública existe un conflicto distributivo. Esto es mucho más evidente cuando los maestros se movilizan para protestar contra una reforma que afecta sus intereses, pero este conflicto existe incluso cuando no hay protestas: los contribuyentes (sean padres de familia o no) pagan por la educación pública, los maestros cobran sueldos y reciben prestaciones por impartir clases (y a veces aún sin impartirlas) y, por otro lado, niños y jóvenes reciben una educación de diversa calidad.