Con la CNDH sometida por la designación de Rosario Piedra, los reguladores del sector energético controlados y el Inai prácticamente domesticado, el gobierno de la 4T y el presidente López Obrador van por el control del órgano autónomo que más les interesa: el Instituto Nacional Electoral. Sólo después del Banco de México, con el que mantienen una relación tranquila para evitar confrontación, el INE representa la “joya de la corona” en materia de autonomía del Estado y una institución estratégica para el control político y electoral de la República. Tras varios intentos y repliegues tácticos, la 4T ya decidió dar un primer paso para tomar por asalto al instituto que se encarga de la organización, operación y realización de las elecciones y considerado uno de los pilares fundamentales para la democracia en el país. Esta semana se lanza en la Cámara de Diputados la convocatoria para elegir, por mayoría calificada de votos, a 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, con lo cual no sólo se sustituye a los consejeros que terminan su periodo (Marco Baños, Pamela San Martín, Benito Nacif y Enrique Andrade) sino que también se modifica radicalmente el equilibrio de fuerzas existente en el Consejo General del INE, a partir de abril próximo.