Los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del Gobierno de López Obrador presentan un alto riesgo de no ser rentables, son opacos en cuanto a contrataciones se refiere, están mal diseñados o se empezaron a construir antes de contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad, y acumulan irregularidades en el gasto de más de 1 mil 500 millones de pesos en tan solo el primer año de la nueva administración.